El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves 15 de octubre, por unanimidad, la erradicación de las esterilizaciones forzosas a personas con discapacidad; un uso que, sorprendentemente, aún seguía vigente en España. Han pasado diez años desde que entró en vigor la Convención de de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero nuestro ordenamiento jurídico aún cobijaba esta dudosa práctica.
En el artículo 156 del Código Penal se reflejaba de este modo: “No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento”. La ley española autorizaba, hasta este momento, que el tutor o tutora en el supuesto de personas con la capacidad modificada, con el refrendo de un juzgado, y sin el consentimiento de la persona a la que se le priva de su capacidad para tener hijos, pudieran decidir sobre un tema tan delicado.
Una mutilación permitida por ley, una anomalía legislativa y una historia de derechos vulnerados. Una situación impropia de un sistema democrático e inclusivo que, afortunadamente, y con el apoyo de todos los grupos políticos, se ha solucionado. Ahora deben ser los poderes públicos los que garanticen que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan contar con todos los apoyos necesarios para poder ejercer su maternidad o paternidad como cualquier otro ciudadano, con la misma libertad, responsabilidad e ilusión. Ese será el siguiente paso de esta conquista, una más, de las personas con discapacidad en su lucha por la igualdad y la plena inclusión.
