Nuestra Fundación desarrolla en estos momentos un protocolo específico de estudio de casos de forma que podamos diferenciar situaciones que no requieren de una figura tutelar, con aquellas otras en dónde la prestación de soportes hacia la persona adquieren un carácter preceptivo.
Durante los últimos años, hemos protocolarizado nuestra intervención desde el estudio de casos, estandarizando todas las acciones en 3 niveles principalmente:
Constituye nuestra primera toma de contacto con la persona, pero requiere de una intervención previa por parte del personal técnico vinculado tanto a las distintas Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como de profesionales dependientes de cualquier otra administración pública competente en la prestación de servicios sociales.
La base principal sobre la que pivotarán todas nuestras intervenciones será un estudio inicial del caso, gracias al cual se detectarán las necesidades de apoyo concretas que la persona presenta, siempre en coordinación con los técnicos que hubieran realizado la derivación del caso; si se estimara necesaria la iniciación de un procedimiento judicial sobre capacidad, la Fundación Tutelar TAU asumirá la tramitación del procedimiento mediante la intervención de profesionales especializados en la materia, y vinculados a la Entidad para el desarrollo de otros programas.
Si tras el estudio del expediente se detecta que no existen referentes idóneos para el ejercicio del cargo, en el supuesto que fuese modificada la capacidad de la persona y determinado por el órgano judicial correspondiente la prestación de estos refuerzos, la Fundación Tutelar TAU lo asumiría, siempre y cuando exista un diagnóstico de discapacidad intelectual, y una justificación sobre la inexistencia de personas que puedan ejercer el cargo estimado por el citado órgano judicial (carácter subsidiario de las entidades tutelares).
En aquellos casos en los que, tras el pertinente estudio llevado a cabo entre los profesionales de servicios sociales y TAU, existan indicios que justifiquen la necesidad de iniciar un proceso judicial de esta índole, el departamento jurídico de la institución analizará cuál es la metodología de acción más efectiva, llevando a cabo las comunicaciones a Fiscalía que se estimen necesarias como medida de salvaguarda personal y/o patrimonial. Si se considera necesario por parte del equipo técnico de la institución, se solicitarán la adopción de las medidas cautelares que se consideren preceptivas por parte del órgano judicial correspondiente.
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